Promo bersoahoy

Actualidad de las noticias en Google

Entradas populares

viernes, 28 de agosto de 2015

Preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre denuncias por atropello a colombianos

Visita a la frontera de una comisión 
de ministros colombianos
  Washington, 28 ago (SIG).- El siguiente en el comunicado de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el cual expresa su “profunda preocupación” ante las “deportaciones arbitrarias y colectivas” de colombianos por parte de autoridades venezolanas.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su profunda preocupación ante las deportaciones arbitrarias y colectivas de migrantes colombianos en situación migratoria irregular que vienen siendo realizadas por las autoridades venezolanas en el estado fronterizo de Táchira, Venezuela.
Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos
Según información de público conocimiento, estas deportaciones arbitrarias estarían siendo realizadas por miembros de las fuerzas armadas venezolanas, en cumplimiento de las instrucciones dadas por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien decretó un estado de excepción en varios municipios de Táchira, así como el cierre de la frontera por un período de 60 días desde el 22 de agosto de 2015.
Dicho decreto habría sido adoptado en respuesta a un enfrentamiento que habría ocurrido el 19 de agosto de 2015 entre miembros del Ejército venezolano y presuntos contrabandistas o paramilitares colombianos que operan en la frontera entre Venezuela y Colombia. Tras dicho enfrentamiento, tres militares venezolanos y un civil habrían resultado heridos. Leer más


miércoles, 26 de agosto de 2015

La deportación de colombianos de Venezuela

Fuente: Latercera.com – AP-
Más de 1.000 colombianos iniciarán próximamente un éxodo voluntario hacia su paí­s tras la decisión de Venezuela de mantener el cierre indefinido de los pasos fronterizos en el estado suroccidental de Táchira y la declaración del estado de excepción en esa zona.
El éxodo voluntario sumado a las deportaciones que han realizado las autoridades venezolanas de 1.118 colombianos indocumentados podrí­a agravar la compleja situación que enfrenta la ciudad fronteriza de Cúcuta, limí­trofe con Venezuela, que tiene más de medio millón de habitantes y donde se declaró el estado de calamidad ante la llegada de cientos de personas, en su mayorí­a pobres.
En dos instalaciones deportivas y cuatro centros comunitarios y de ancianos de Cúcuta y de la pequeña población de la Villa del Rosario se levantaron improvisados refugios donde las autoridades colombianas están alojando a los deportados, algunos de los cuales sólo tienen lo que llevan puesto.
El jefe de la Unidad Nacional de Desastres de Colombia, Carlos Iván Márquez, dijo a The Associated Press que en los refugios están alojadas 608 personas a las que les están dando alimentos, frazadas, colchonetas y enseres de aseo.
Un total de 1.535 colombianos "han decidido retornar voluntariamente al vecino paí­s", indicó la gobernación de Táchira al presentar un balance de las acciones que han ejecutado las autoridades venezolanas luego de cumplirse cinco dí­as del cierre de los pasos fronterizos de las localidades de San Antonio y Ureña.
La gobernación de Táchira agregó en un comunicado difundido en su página de internet que las autoridades venezolanas están prestando asistencia para trasladar hasta el puente internacional a los colombianos que quieren regresar voluntariamente a su paí­s.
Las autoridades venezolanas han deportado a 1.118 colombianos indocumentados que fueron presentados ante el consulado de Colombia, precisó la gobernación. Asimismo, han sido detenidas 18 personas, de las cuales 10 están acusadas de integrar un grupo paramilitar llamado "Los Urabeños" cuyos miembros son requeridos por extorsión, contrabando, trata de personas, narcotráfico y homicidio.
El ministro de Relaciones Interiores de Venezuela, mayor general Gustavo González López, anunció que fue capturado el venezolano Wilmer Alexis Tarazona, de 27 años, quien ha sido vinculado al ataque que sufrieron el 19 de agosto tres militares y un conductor civil en San Antonio cuando realizaban operaciones de combate al contrabando y que llevó al gobierno a cerrar los pasos fronterizos.
Las autoridades están tras la búsqueda de otras cinco personas, cuatro de ellas colombianas y una venezolana, que también estarí­an implicadas en el ataque.
La Cancillerí­a y el Ministerio de Relaciones Interiores de Colombia expresaron el martes su rechazo al cierre de los pasos fronterizos e indicaron en un comunicado conjunto que "no es cerrando la frontera ni deportando colombianos como vamos a resolver los problemas de estas zonas".
Las autoridades colombianas plantearon que es a través de la cooperación y "no de la confrontación" como se resolverá el contrabando y la lucha contra las bandas criminales que operan en esa región.
El gobierno colombiano rechazó las descalificaciones contra el ex mandatario Alvaro Uribe quien fue calificado por el presidente venezolano Nicolás Maduro de "asesino" y "jefe paramilitar" y de promover un plan para derrocar a su gobierno.
La canciller colombiana Marí­a Angela Holguí­n tiene previsto reunirse el miércoles con su par venezolana Delcy Rodrí­guez en la ciudad colombiana de Cartagena para tratar la crisis fronteriza. Venezuela y Colombia comparten una frontera de 2.200 kilómetros donde operan delincuentes comunes, contrabandistas y grupos irregulares.
El ex mandatario colombiano Alvaro Uribe (2002-2010) visitó Cúcuta el lunes donde se reunió con habitantes de la zona.
"La dictadura castro chavista de Venezuela está dedicada a infundir odio contra el pueblo colombiano llamando a nuestras mujeres prostitutas y a nuestros compatriotas diciéndoles paramilitares", dijo Uribe, un férreo opositor al gobierno de Maduro, al rechazar las acciones contra los colombianos deportados de Venezuela.
El ex mandatario pidió al gobierno de Juan Manuel Santos que haga respetar los acuerdos internacionales y se logre un trato justo para los colombianos. Fotos: latercera.com  - AP-

lunes, 24 de agosto de 2015

Ataque sistemático contra colombianos: Procurador General

Alejandro Ordóñez - Procurador
El Procurador general de la nación, Alejandro Ordóñez se pronunció airadamente contra el estado venezolano a quien acusa de una sistemática violación de los Derechos Humanos, contra colombianos que se hallan en ese país, así tengan la documentación en regla.
El documento expedido por el procurador dice textualmente:
• Declaración de la Procuraduría General de la Nación sobre la grave violación de los derechos humanos de ciudadanos colombianos por parte del Estado de Venezuela.
El Gobierno venezolano adoptó una política de ataque sistemático contra la población de colombianos que habita en la frontera binacional.
Tales ataques son múltiples y se han intensificado en los últimos días con el cierre de la frontera y comprenden, de acuerdo a las denuncias públicas, al menos las siguientes conductas:
1. Una campaña de estigmatización y persecución en contra de personas que viven en la zona de frontera en razón a su nacionalidad colombiana. En muchos casos, esas personas están legítimamente en ese territorio y cumplen con la documentación que exige el ordenamiento jurídico de ese país.
2. Desplazamiento forzoso con la expulsión de personas y de diversos actos coercitivos. Se segrega a los colombianos, se les criminaliza, estigmatiza y somete a actos de humillación, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
3. Los colombianos están siendo objeto de medidas de confinamiento y aislamiento. Se desconoce la libertad de locomoción y son demolidas sus casas. Las autoridades ingresan a estas de manera permanente y sin orden judicial, como parte de una práctica de constante hostigamiento.
4. Se denuncian casos de abuso sexual contra mujeres colombianas. También de tortura con ataques a la integridad física y al crear un ambiente psicológico de inseguridad y temor en la población colombiana.
5. Se concentra arbitrariamente a la población colombiana en determinados sitios en Venezuela y se separa a padres de sus hijos nacidos en ese país.
6. En lo que es una prueba de política de xenofobia se marcan las casas donde habitan familias colombianas. ¡Indignante!
En conclusión, el Gobierno de Nicolás Maduro adoptó una política de persecución que se traduce en la privación intencional y grave de los derechos fundamentales de los colombianos.
La Procuraduría rechaza de manera enfática esta práctica y advierte que la continuación de esa política de ataques a la población colombiana constituiría crímenes de lesa humanidad que son competencia de la Corte Penal Internacional.
Las denuncias mencionadas observan las características descritas en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en cuanto representan una persecución a un grupo o colectividad con identidad propia, en este caso, la nacionalidad colombiana, y a que comprenden actos de deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física, tortura, abusos sexuales, desaparición forzada de personas y actos inhumanos que causan intencionalmente sufrimiento y atentan contra la integridad de las personas.
La Procuraduría le pide al Presidente de la República que exija al gobierno venezolano el desmonte inmediato de su política de ataque sistemático contra los derechos humanos de la población colombiana en la frontera y en cualquier otro lugar de su territorio. El problema no se resuelve simplemente reabriendo la frontera, sino desmontando definitivamente esa política arbitraria contra los colombianos.
Además, se insta al Gobierno que solicite a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la elaboración de un informe público sobre las violaciones a los derechos humanos de los colombianos en la zona de frontera por parte del gobierno venezolano, no obstante ese Estado haya denunciado la Convención Americana.
Del mismo modo, se exhorta al Gobierno para que comunique la situación al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y al Comité de Derechos Humanos que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación, en su función preventiva y en el marco de la defensa de los derechos de los connacionales, elaborará un informe detallado con destino a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para lo de su competencia.
Finalmente, la Procuraduría activa a partir de este momento a las Procuradurías Regional y Provincial en sus sedes en Cúcuta, como un centro de atención de denuncias. He dado a los funcionarios la instrucción precisa de prestar toda la ayuda necesaria, en el marco de sus competencias, a los colombianos afectados.
Personalmente, como representante del Ministerio Público visitaré la zona en los próximos días para escuchar a los afectados y articular con las autoridades locales, regionales y nacionales lo que sea necesario en defensa de sus derechos a la vida, al trato digno y a la integridad.
La Procuraduría exhorta al Gobierno Nacional a que despliegue todos los esfuerzos necesarios para atender, con eficiencia y prontitud, la crisis humanitaria producida con la deportación y el desplazamiento forzoso de colombianos, al igual que invoca la solidaridad de la ciudadanía para atender la emergencia.
Es el momento de cerrar filas en torno a nuestros compatriotas afectados en la zona de frontera.
ALEJANDRO ORDÓÑEZ MALDONADO
PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Registros

Visitas al sitio bersoa.com De momento a esta pág: