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lunes, 24 de agosto de 2015

Ataque sistemático contra colombianos: Procurador General

Alejandro Ordóñez - Procurador
El Procurador general de la nación, Alejandro Ordóñez se pronunció airadamente contra el estado venezolano a quien acusa de una sistemática violación de los Derechos Humanos, contra colombianos que se hallan en ese país, así tengan la documentación en regla.
El documento expedido por el procurador dice textualmente:
• Declaración de la Procuraduría General de la Nación sobre la grave violación de los derechos humanos de ciudadanos colombianos por parte del Estado de Venezuela.
El Gobierno venezolano adoptó una política de ataque sistemático contra la población de colombianos que habita en la frontera binacional.
Tales ataques son múltiples y se han intensificado en los últimos días con el cierre de la frontera y comprenden, de acuerdo a las denuncias públicas, al menos las siguientes conductas:
1. Una campaña de estigmatización y persecución en contra de personas que viven en la zona de frontera en razón a su nacionalidad colombiana. En muchos casos, esas personas están legítimamente en ese territorio y cumplen con la documentación que exige el ordenamiento jurídico de ese país.
2. Desplazamiento forzoso con la expulsión de personas y de diversos actos coercitivos. Se segrega a los colombianos, se les criminaliza, estigmatiza y somete a actos de humillación, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
3. Los colombianos están siendo objeto de medidas de confinamiento y aislamiento. Se desconoce la libertad de locomoción y son demolidas sus casas. Las autoridades ingresan a estas de manera permanente y sin orden judicial, como parte de una práctica de constante hostigamiento.
4. Se denuncian casos de abuso sexual contra mujeres colombianas. También de tortura con ataques a la integridad física y al crear un ambiente psicológico de inseguridad y temor en la población colombiana.
5. Se concentra arbitrariamente a la población colombiana en determinados sitios en Venezuela y se separa a padres de sus hijos nacidos en ese país.
6. En lo que es una prueba de política de xenofobia se marcan las casas donde habitan familias colombianas. ¡Indignante!
En conclusión, el Gobierno de Nicolás Maduro adoptó una política de persecución que se traduce en la privación intencional y grave de los derechos fundamentales de los colombianos.
La Procuraduría rechaza de manera enfática esta práctica y advierte que la continuación de esa política de ataques a la población colombiana constituiría crímenes de lesa humanidad que son competencia de la Corte Penal Internacional.
Las denuncias mencionadas observan las características descritas en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en cuanto representan una persecución a un grupo o colectividad con identidad propia, en este caso, la nacionalidad colombiana, y a que comprenden actos de deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física, tortura, abusos sexuales, desaparición forzada de personas y actos inhumanos que causan intencionalmente sufrimiento y atentan contra la integridad de las personas.
La Procuraduría le pide al Presidente de la República que exija al gobierno venezolano el desmonte inmediato de su política de ataque sistemático contra los derechos humanos de la población colombiana en la frontera y en cualquier otro lugar de su territorio. El problema no se resuelve simplemente reabriendo la frontera, sino desmontando definitivamente esa política arbitraria contra los colombianos.
Además, se insta al Gobierno que solicite a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la elaboración de un informe público sobre las violaciones a los derechos humanos de los colombianos en la zona de frontera por parte del gobierno venezolano, no obstante ese Estado haya denunciado la Convención Americana.
Del mismo modo, se exhorta al Gobierno para que comunique la situación al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y al Comité de Derechos Humanos que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación, en su función preventiva y en el marco de la defensa de los derechos de los connacionales, elaborará un informe detallado con destino a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para lo de su competencia.
Finalmente, la Procuraduría activa a partir de este momento a las Procuradurías Regional y Provincial en sus sedes en Cúcuta, como un centro de atención de denuncias. He dado a los funcionarios la instrucción precisa de prestar toda la ayuda necesaria, en el marco de sus competencias, a los colombianos afectados.
Personalmente, como representante del Ministerio Público visitaré la zona en los próximos días para escuchar a los afectados y articular con las autoridades locales, regionales y nacionales lo que sea necesario en defensa de sus derechos a la vida, al trato digno y a la integridad.
La Procuraduría exhorta al Gobierno Nacional a que despliegue todos los esfuerzos necesarios para atender, con eficiencia y prontitud, la crisis humanitaria producida con la deportación y el desplazamiento forzoso de colombianos, al igual que invoca la solidaridad de la ciudadanía para atender la emergencia.
Es el momento de cerrar filas en torno a nuestros compatriotas afectados en la zona de frontera.
ALEJANDRO ORDÓÑEZ MALDONADO
PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

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