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| Alejandro Ordóñez - Procurador |
El Procurador general de la
nación, Alejandro Ordóñez se pronunció airadamente contra el estado venezolano a
quien acusa de una sistemática violación de los Derechos Humanos, contra colombianos
que se hallan en ese país, así tengan la documentación en regla.
El documento expedido por el
procurador dice textualmente:
• Declaración de la
Procuraduría General de la Nación sobre la grave violación de los derechos
humanos de ciudadanos colombianos por parte del Estado de Venezuela.
El Gobierno venezolano adoptó
una política de ataque sistemático contra la población de colombianos que
habita en la frontera binacional.
Tales ataques son múltiples y
se han intensificado en los últimos días con el cierre de la frontera y
comprenden, de acuerdo a las denuncias públicas, al menos las siguientes
conductas:
1. Una campaña de
estigmatización y persecución en contra de personas que viven en la zona de
frontera en razón a su nacionalidad colombiana. En muchos casos, esas personas
están legítimamente en ese territorio y cumplen con la documentación que exige
el ordenamiento jurídico de ese país.
2. Desplazamiento forzoso con
la expulsión de personas y de diversos actos coercitivos. Se segrega a los
colombianos, se les criminaliza, estigmatiza y somete a actos de humillación,
tratos crueles, inhumanos y degradantes.
3. Los colombianos están
siendo objeto de medidas de confinamiento y aislamiento. Se desconoce la
libertad de locomoción y son demolidas sus casas. Las autoridades ingresan a
estas de manera permanente y sin orden judicial, como parte de una práctica de constante
hostigamiento.
4. Se denuncian casos de abuso
sexual contra mujeres colombianas. También de tortura con ataques a la
integridad física y al crear un ambiente psicológico de inseguridad y temor en
la población colombiana.
5. Se concentra arbitrariamente
a la población colombiana en determinados sitios en Venezuela y se separa a
padres de sus hijos nacidos en ese país.
6. En lo que es una prueba de
política de xenofobia se marcan las casas donde habitan familias colombianas.
¡Indignante!
En conclusión, el Gobierno de
Nicolás Maduro adoptó una política de persecución que se traduce en la
privación intencional y grave de los derechos fundamentales de los colombianos.
La Procuraduría rechaza de
manera enfática esta práctica y advierte que la continuación de esa política de
ataques a la población colombiana constituiría crímenes de lesa humanidad que
son competencia de la Corte Penal Internacional.
Las denuncias mencionadas
observan las características descritas en el artículo 7 del Estatuto de Roma de
la Corte Penal Internacional, en cuanto representan una persecución a un grupo
o colectividad con identidad propia, en este caso, la nacionalidad colombiana,
y a que comprenden actos de deportación o traslado forzoso de población,
encarcelación u otra privación grave de la libertad física, tortura, abusos
sexuales, desaparición forzada de personas y actos inhumanos que causan
intencionalmente sufrimiento y atentan contra la integridad de las personas.
La Procuraduría le pide al
Presidente de la República que exija al gobierno venezolano el desmonte
inmediato de su política de ataque sistemático contra los derechos humanos de
la población colombiana en la frontera y en cualquier otro lugar de su
territorio. El problema no se resuelve simplemente reabriendo la frontera, sino
desmontando definitivamente esa política arbitraria contra los colombianos.
Además, se insta al Gobierno
que solicite a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la elaboración de
un informe público sobre las violaciones a los derechos humanos de los
colombianos en la zona de frontera por parte del gobierno venezolano, no
obstante ese Estado haya denunciado la Convención Americana.
Del mismo modo, se exhorta al
Gobierno para que comunique la situación al Consejo de Derechos Humanos de la
ONU y al Comité de Derechos Humanos que supervisa la aplicación del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Por su parte, la Procuraduría
General de la Nación, en su función preventiva y en el marco de la defensa de
los derechos de los connacionales, elaborará un informe detallado con destino a
la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para lo de su competencia.
Finalmente, la Procuraduría
activa a partir de este momento a las Procuradurías Regional y Provincial en
sus sedes en Cúcuta, como un centro de atención de denuncias. He dado a los
funcionarios la instrucción precisa de prestar toda la ayuda necesaria, en el
marco de sus competencias, a los colombianos afectados.
Personalmente, como
representante del Ministerio Público visitaré la zona en los próximos días para
escuchar a los afectados y articular con las autoridades locales, regionales y
nacionales lo que sea necesario en defensa de sus derechos a la vida, al trato
digno y a la integridad.
La Procuraduría exhorta al
Gobierno Nacional a que despliegue todos los esfuerzos necesarios para atender,
con eficiencia y prontitud, la crisis humanitaria producida con la deportación
y el desplazamiento forzoso de colombianos, al igual que invoca la solidaridad
de la ciudadanía para atender la emergencia.
Es el momento de cerrar filas
en torno a nuestros compatriotas afectados en la zona de frontera.
ALEJANDRO ORDÓÑEZ MALDONADO
PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN
