Más de 1.000 colombianos
iniciarán próximamente un éxodo voluntario hacia su país tras la decisión de
Venezuela de mantener el cierre indefinido de los pasos fronterizos en el
estado suroccidental de Táchira y la declaración del estado de excepción en esa
zona.
El éxodo voluntario sumado a
las deportaciones que han realizado las autoridades venezolanas de 1.118
colombianos indocumentados podría agravar la compleja situación que enfrenta
la ciudad fronteriza de Cúcuta, limítrofe con Venezuela, que tiene más de
medio millón de habitantes y donde se declaró el estado de calamidad ante la
llegada de cientos de personas, en su mayoría pobres.
En dos instalaciones
deportivas y cuatro centros comunitarios y de ancianos de Cúcuta y de la
pequeña población de la Villa del Rosario se levantaron improvisados refugios
donde las autoridades colombianas están alojando a los deportados, algunos de
los cuales sólo tienen lo que llevan puesto.
El jefe de la Unidad Nacional
de Desastres de Colombia, Carlos Iván Márquez, dijo a The Associated Press que
en los refugios están alojadas 608 personas a las que les están dando
alimentos, frazadas, colchonetas y enseres de aseo.
Un total de 1.535 colombianos
"han decidido retornar voluntariamente al vecino país", indicó la
gobernación de Táchira al presentar un balance de las acciones que han
ejecutado las autoridades venezolanas luego de cumplirse cinco días del cierre
de los pasos fronterizos de las localidades de San Antonio y Ureña.
Las autoridades venezolanas
han deportado a 1.118 colombianos indocumentados que fueron presentados ante el
consulado de Colombia, precisó la gobernación. Asimismo, han sido detenidas 18
personas, de las cuales 10 están acusadas de integrar un grupo paramilitar
llamado "Los Urabeños" cuyos miembros son requeridos por extorsión,
contrabando, trata de personas, narcotráfico y homicidio.
El ministro de Relaciones
Interiores de Venezuela, mayor general Gustavo González López, anunció que fue
capturado el venezolano Wilmer Alexis Tarazona, de 27 años, quien ha sido
vinculado al ataque que sufrieron el 19 de agosto tres militares y un conductor
civil en San Antonio cuando realizaban operaciones de combate al contrabando y
que llevó al gobierno a cerrar los pasos fronterizos.
Las autoridades están tras la
búsqueda de otras cinco personas, cuatro de ellas colombianas y una venezolana,
que también estarían implicadas en el ataque.
La Cancillería y el
Ministerio de Relaciones Interiores de Colombia expresaron el martes su rechazo
al cierre de los pasos fronterizos e indicaron en un comunicado conjunto que
"no es cerrando la frontera ni deportando colombianos como vamos a
resolver los problemas de estas zonas".
Las autoridades colombianas
plantearon que es a través de la cooperación y "no de la
confrontación" como se resolverá el contrabando y la lucha contra las
bandas criminales que operan en esa región.
El gobierno colombiano rechazó
las descalificaciones contra el ex mandatario Alvaro Uribe quien fue calificado
por el presidente venezolano Nicolás Maduro de "asesino" y "jefe
paramilitar" y de promover un plan para derrocar a su gobierno.
La canciller colombiana María
Angela Holguín tiene previsto reunirse el miércoles con su par venezolana
Delcy Rodríguez en la ciudad colombiana de Cartagena para tratar la crisis
fronteriza. Venezuela y Colombia comparten una frontera de 2.200 kilómetros
donde operan delincuentes comunes, contrabandistas y grupos irregulares.
El ex mandatario colombiano
Alvaro Uribe (2002-2010) visitó Cúcuta el lunes donde se reunió con habitantes
de la zona.
"La dictadura castro
chavista de Venezuela está dedicada a infundir odio contra el pueblo colombiano
llamando a nuestras mujeres prostitutas y a nuestros compatriotas diciéndoles
paramilitares", dijo Uribe, un férreo opositor al gobierno de Maduro, al
rechazar las acciones contra los colombianos deportados de Venezuela.
El ex mandatario pidió al
gobierno de Juan Manuel Santos que haga respetar los acuerdos internacionales y
se logre un trato justo para los colombianos. Fotos: latercera.com - AP-
